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Operación con registros en varios ayuntamientos por la gestión irregular de las multas y gestión del tráfico
CORRUPCIÓN
FERNANDO LÁZAROMARISA RECUEROLUIS F. DURÁNEFE Madrid
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3 JUL. 2018 20:50
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Carlos Ruipérez, alcalde de la localidad madrileña de Arroyomolinos. EL MUNDO (vídeo) // AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLINOS (foto)
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El alcalde de Arroyomolinos, primer regidor de Cs arrestado por corrupción

PSOE y Ciudadanos suspenderá de militancia a los detenidos

La Policíaha llevado a cabo una nueva macrooperación contra la corrupción a la que ha bautizado con el nombre de operación Enredadera en poblaciones de tres zonas: Madrid, Cataluña y León. La trama, en la que están implicados empresarios, alcaldes y hasta policías locales, adjudicaba contratos administrativos a la empresa Aplicaciones Gespol para colocar semáforos a cambio de comisiones y manipulaba los datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares donde no hacían falta, con finalidad puramente recaudatoria.Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el juzgado de instrucción número 2 de Badalona (Barcelona), que dirige la operación, ha ordenado 49 registros en varios ayuntamientos, despachos y sociedades, así como 19 requerimientos de documentación en varios municipios de al menos cinco autonomías distintas. Se prevén más de cuarenta detenciones, entre cargos técnicos municipales, y casi cincuenta registros, por posibles amaños en la contratación de servicios para la regulación del tráfico.Hay 39 detenidos, de los que 18 pasarán a disposición del mencionado juzgado de Badalona, y otros cinco a uno de Astorga (León), que ha abierto una pieza separada, han informado a Efe fuentes policiales. El resto será puesto en libertad.Entre los arrestados figura el alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, primer regidor de Ciudadanos arrestado por corrupción. El juez ha autorizado la práctica de entradas y registros en los Ayuntamientos de Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabbrada, Huesca, Illescas, Lérida, Majadahonda, Mollet del Vallés, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, San Andrés del Rabanedo, Vélez Málaga, Villanueva de la Cañada, León, Palencia, Teruel, Torrelodones, y Villarquilambre. La causa, declarada secreta, está abierta por los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada, falsedad documental, cohecho, alteración de precios de concurso público y pertenencia a organización criminal.Investigada la Diputación de AlicanteEl juzgado ha ordenado también pedir documentación en la Diputación de Alicante y en los municipios de Mataró, Montgat, Pineda del Mar, Premià del Mar, Rubí, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares El Real, Valdemorillo, La Cistérniga, El Puig, Gandía, Logroño, O'Grove, Sant Vicent del Raspeig y Vitoria.Los agentes se han personado en dependencias municipales a primera hora de la mañana, han colocado unidades en los accesos y han preguntado por las salidas de emergencia, para evitar cualquier fuga. El trabajo de los policías se centra en los departamentos de informática. Entre los detenidos hay autoridades públicas y funcionarios de los municipios.En el centro de la operación se encuentra la empresa Aplicaciones Gespol SL, una filial del grupo Sacyr, con sede en Barcelona, que fue constituida en octubre de 2016 y que está especializada en aplicaciones para controlar el tráfico rodado. Los investigadores creen que habría amañado concursos públicos con la connivencia de políticos locales del PSOE, PP y Ciudadanos. Los contratos que han solicitado los agentes en los ayuntamientos se remontan a los años 2010 y 2011.La Policía está pidiendo a los ayuntamientos los contratos con Gespol, que tramita multas gracias a un convenio con la Comunidad de Madrid. Los hechos investigados podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, fraude a la Administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.El empresario José Luis Ulibarri, investigado dentro de la trama del caso Gürtel, se encuentra entre los detenidos.

http://www.elmundo.es/espana/2018/07/03/...b45aa.html


que puto asco todo ya. estoy empezando a hartarme.

Y el PP, como siempre.

Yo sobre esto opino que es imposible impedir que haya corruptos, como es imposible impedir que haya delincuentes en cualquier orden de la vida.

La corrupción política existe en todos los países del mundo.

El problema es que hay que tener mecanismos para detectarlos y luego, además de no justificarlos ni defenderlos como ha pasado, echarlos de los partidos y colaborar con la justicia.

Es un mal con el que hay que convivir desgraciadamente. Se les pilla, se les echa y luego que los jueces y la policía hagan su trabajo. Y un aumento de las penas, no estaría mal, que esta gentuza no lo hace por necesidad, ni por falta de integración, ni por tener una vida dura, ni falta de oportunidades.... estos ladrones tendrían que tener mucha más pena.